Panamá otorga asilo a dos magistrados nombrados por oposición venezolana

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El gobierno panameño otorgó asilo político a dos magistrados nombrados por el parlamento venezolano -controlado por la oposición-, y que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no reconoce, informó este viernes la cancillería.


A través de un comunicado, la cancillería panameña informó que “ha respondido positivamente a la solicitud de asilo político” de Gustavo Sosa Izaguirre y de Manuel Antonio Espinoza Melet, integrantes de los 33 magistrados de la Corte Suprema paralela nombrada por la Asamblea Nacional el 21 de julio.


“Están siendo ahora de alguna forma u otra perseguidos por el gobierno (de Venezuela)”, así que Panamá “en defensa de la democracia, les va a dar asilo político, (como) a cualquier persona que defienda la democracia en Venezuela o en otros lugares del mundo”, dijo el presidente panameño, Juan Carlos Varela.


Panamá comenzó a tramitar los salvoconductos para que Sosa y Espinoza salgan de Venezuela, pero se desconoce cuándo llegarían al país.


Según el gobierno panameño, ambos magistrados “ingresaron a la residencia y misión diplomática” de Panamá en Venezuela en “días pasados”.


Sosa denunció “constantes amenazas y amedrentamientos de altos funcionarios del gobierno venezolano y militantes del partido de gobierno”, en tanto Espinoza habló de una “atroz persecución” contra los magistrados y sus familias, según un decreto del Ejecutivo panameño publicado este viernes en Gaceta Oficial.


Este anuncio se produce el mismo día en que se instaló en Caracas la Asamblea Constituyente, impulsada por Maduro, y fuertemente rechazada por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.


Panamá reiteró al gobierno de Maduro un llamado a “negociar una salida política en el marco de la constitución vigente en Venezuela” y en el “más estricto respeto de los Derechos Humanos” para “el bienestar de su población”.


Chile informó el jueves que ya son seis los opositores venezolanos refugiados en su embajada en Caracas, entre ellos los también magistrados nombrados por la oposición Zuleima Del Valle González, Beatriz Ruiz, José Fernando Núñez y Elenis Del Valle Rodríguez.


En el caso de Chile no se ha informado de un pedido de asilo.


El pasado 22 de julio fue detenido el magistrado Ángel Zerpa Aponte, tras su designación como magistrado por la Asamblea Nacional, y fue presentado ante un tribunal militar que ordenó su encarcelamiento.


Panamá se ha sumado a países que, como Estados Unidos, España, Argentina o Colombia, no reconoce la Asamblea Constituyente.


La canciller panameña Isabel De Saint Malo manifestó esta semana que el país está “valorando” retirar a su embajador en Caracas.


El gobierno panameño también anunció recientemente que colaborará con Washington en las medidas que tome contra funcionarios venezolanos, iniciativa que fue criticada por algunos sectores políticos.


Por su parte, el Partido Revolucionario Democrático (PRD, socialdemócrata), el mayor del país, estimó que el gobierno de Varela “ha irrespetado la dignidad del país al rebajar a Panamá a la condición de apéndice sumiso de la política exterior de los Estados Unidos (…) es vergonzoso”.


El jueves varios miles de manifestantes, convocados por el izquierdista Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, rechazaron “cualquier injerencia” o “agresión” a Venezuela.


Tras una reunión en junio de Varela con el presidente estadounidense Donald Trump, Panamá endureció su discurso ante la crisis que atraviesa Venezuela, donde las protestas contra Maduro han dejado unos 120 muertos.


“Hace muchos meses había una situación difícil en Venezuela pero no teníamos lo que tenemos hoy con muertos y heridos”, justificó De Saint Malo esta semana.


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