¿Qué está por venir tras las sentencias del TSJ?


El TSJ sentenció. Y la ya de por sí convulsa actualidad política venezolana se vio sacudida a niveles de alcance planetario. El par de decisiones que a finales de marzo emitió la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las números 155 y 156, son el epicentro de este sismo.


Prácticamente todas las reacciones de la comunidad internacional consideraron que se había “roto el orden constitucional” en el país. Incluso hay quienes más severamente denunciaron un “auto golpe de Estado”.


No fueron pocos los países de la región que llamaron a consulta a sus embajadores de Caracas. O lo retiraron definitivamente. A eso se sumó el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien, de manera urgente, pidió tratar la situación en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.


La presión nacional giró en torno a los contundentes pronunciamientos de la Asamblea Nacional -de mayoría opositora-, centro y objeto de las medidas tomadas por el TSJ. Pero definitivamente lo más contundente fue lo declarado por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien como un “deber histórico e ineludible” dijo que “en dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”.


Y las horas siguientes registraron de todo: el presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Defensa de la Nación, concluyendo con un exhorto al TSJ para que revisara las polémicas sentencias. En cuestión de menos de 12 horas la máxima institución de la justicia en el país emitió dos aclaratorias de sus polémicas sentencias, dejando sin efecto los puntos neurálgicos de las mismas: lo relacionado con la inmunidad parlamentaria y la decisión del Poder Judicial de asumir las competencias de la Asamblea Nacional.


De estos últimos acontecimientos la canciller de Argentina, Susana Malcorra, subrayó que es “sintomático y no representativo de la separación de poderes”, criticando que la reacción del TSJ se produjo tan poco tiempo después de que se citara a los integrantes del Consejo de Defensa de Venezuela, con su solicitud final al Poder Judicial.


Esto es “la patentización de una carencia de separación de poderes, algo esencial en el ejercicio democrático”, dijo de ello la diplomática argentina en rueda de prensa, tras anunciar el acuerdo adoptado por el Mercado Común del Sur (Mercosur) sobre el caso venezolano.


Ante todos estos hechos, los dos exmagistrados del TSJ, la expresidenta del TSJ, Cecilia Sosa Gómez, y el ex presidente de la Sala de Casación Penal de la misma institución, Alejandro Angulo Fontiveros, continuaron analizando para el El Universal las circunstancias derivadas por las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional, y se pronunciaron, con ópticas muy diferentes, sobre lo que debería venir tras ellas.


Sosa: Una Asamblea más política que no puede detenerse


Tras asegurar que la decisión N° 156 de la Sala Constitucional “es nula de pleno derecho”, Sosa Gómez enfatiza que la Asamblea Nacional (AN) sigue con, y tiene que seguir ejerciendo, sus competencias constitucionales.



“Los diputados tienen que seguir en el desempeño de sus funciones, tienen que seguir ejecutando la Constitución de 1999, y tienen que tener un comportamiento más político que jurídico en este momento”, asegura.


De esto último explicó que es ahora cuando la actuación del Parlamento venezolano debe ser más política, “como es la naturaleza de ese órgano. Y debe ser más agresiva también, en la defensa de sus competencias y en el control del poder Ejecutivo”. Con ello alentó a que prosigan con sus investigaciones, y concreten aún más las relacionadas con la supervisión del Ejecutivo, además de “seguir sacando leyes que beneficien a la sociedad como un todo, que beneficien a todos los venezolanos”.


En esto, también llama a una reacción más consciente de parte del ciudadano.


“El ciudadano tiene que comenzar a tomar conciencia de que esta sentencia lo agrede. No es que agrede a la AN, a nuestros representantes, se llamen del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV –oficialista-) o de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD –oposición-)”, señala, acentuando que la Constitución Nacional no establece diferencia partidista en la investidura de un parlamentario.


“El diputado, cuando se sienta como diputado, no es del PSUV o de la MUD, y eso lo consagra expresamente la Constitución en su artículo 201 que señala: “Los diputados o diputadas son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos o sujetas a mandatos ni instrucciones, sino sólo a su conciencia. Su voto en la Asamblea Nacional es personal”.


Por eso Sosa Gómez deploró que una y otra bancada parlamentaria esté actuando de manera políticamente sectorizada. “Aquí se está funcionando como si tuviéramos diputados del PSUV o de la Mesa de la Unidad”, cuando “la Asamblea cuando actúa lo hace como un todo”.


Un Estado de derecho en entredicho


Y es que la expresidenta del TSJ asegura que con la justificación de “salvaguardar el orden constitucional”, la referida decisión con la que la Sala Constitucional asume las competencias de la AN mientras esta continúe en desacato  “es la ruptura absoluta del texto constitucional, de la democracia y del Estado de derecho. Curiosamente por razones económicas, para que no haya investigación en materia económica”.


A lo que el expresidente de la Sala de Casación Penal del TSJ responde que “si no existe Estado de derecho es por la actitud de la Asamblea que desde que llegó está empeñada en dar un golpe de Estado contra el presidente de la República, en sacarlo inconstitucionalmente. Es una actitud consecuente con el golpe de Estado que dieron en 2002, cuando dijeron que aquí no había un golpe de Estado sino un vacío de poder y leguleyerías de esa índole”.



“El Estado de derecho no solamente lo debe respetar el gobierno con respecto a la oposición que merece respeto; el Gobierno también merece respeto y doblemente”.


Alejandro Angulo Fontiveros, expresidente de la Sala de Casación Penal del TSJ


Un ciudadano más consciente y con fecha de elecciones 


Ante los hechos en pleno desarrollo, ambas eminencias jurídicas subrayan, cada uno por su lado, la necesidad de que surja un ciudadano más consciente de su responsabilidad política y se concrete el calendario electoral de los eventos pospuestos y próximo.


Cecilia Sosa Gómez llama a tener una visión más objetiva y una concepción más integral del alcance de la sentencia N° 156, porque de ella asegura se “lleva a la destrucción de la Asamblea Nacional de todos los venezolanos”.


“Aquí la reacción no es de la oposición, sino de un pueblo que votó por unos diputados de la Asamblea en su conjunto. Porque cuando el TSJ le quita las competencias a la Asamblea Nacional ¿no se las está quitando a los representantes del PSUV?. ¿Yo como elector de esos diputados no los voy a defender frente al TSJ?, preguntó.


Rechaza que con esta acción se está adoptando “la posición de robarme el voto, la soberanía del pueblo”.


“Yo como diputado no puedo aceptar esto porque estoy aquí por un voto y yo represento a todos los venezolanos. Esa debe ser la posición de un diputado”, apuntó la exmagistrada.



“Yo creo que la Asamblea Nacional está llamada a generar una movilización en el país por la defensa de quien votó por ello, sea de la tendencia que sea. Porque la destrucción de la Asamblea se está llevando también la destrucción del chavismo”.


Cecilia Sosa Gómez, expresidenta del TSJ


Por su parte, el exmagistrado Angulo Fontiveros afirma que “lo que sí debe haber es elecciones”, eso es lo mismo que digo en mi artículo de El Universal: “El gobierno electoral debe fijar una fecha ya para las elecciones de gobernadores y no estarlas supeditando a cuestiones secundarias y banales en comparación con la importancia de una elección”, subrayó.


“Debe hacer elecciones de gobernadores y fijar también fecha para las presidenciales del año 2018”, precisó todavía más


Porque “la única manera de sacar a un presidente elegido por el pueblo es que ese mismo pueblo en elecciones libres vote y nombre a otro (…). Eso es lo que es la democracia”, finalizó el jurista.



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