Representantes de Funpaz Todos los detenidos han recibido tratos crueles

FUNPAZ. 1804/2017 FOTO: STIVEN VALECILLOS

Representantes de Funpaz, Foro Penal seccional Lara, Cátedra de Derechos Humanos de la UCLA y familiares de las víctimas en el marco de las protestas ciudadanas, ofrecieron este martes el balance y testimonios de los hechos represivos ocurridos en el estado Lara entre el 5 y 13 de abril de este año.


Andrés Colmenárez, coordinador de Funpaz, señaló que producto de la violencia generada por parte de los organismos de seguridad del Estado y la actuación de los cuerpos paramilitares registran cuatro detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 5 de abril. Esas personas fueron liberadas ese mismo día, sin embargo, es a partir del 6 de abril que se recrudece la represión.


Hasta la fecha Funpaz contabiliza más de 80 detenciones arbitrarias de las cuales 60 continúan bajo algún tipo de aprehensión por parte de los organismos de seguridad del Estado. De esas 60 personas, 9 fueron detenidas en Carora, municipio Torres: 6 son menores de edad. Asimismo, a ocho civiles se les inició un proceso de juicio militar, de los cuales 6 fueron trasladados a la cárcel militar de Ramo Verde.


La ONG también suma otros 4 menores de edad capturados en Barquisimeto, tres se encuentran en el Centro Socioeducativo Pablo Herrera Campins de El Manzano y una jovencita en el Centro Socioeducativo Barquisimeto. Además, el periodista Yonnathan Guédez, permanece detenido.


Colmenárez reportó 30 urbanizaciones afectadas por la violencia de los cuerpos paramilitares identificados con el oficialismo y funcionarios de la Guardia Nacional  (GN) y PNB.


“Responsabilizamos al comandante de la ZODI-Lara, José Rafael Torrealba, quien dirige esta ola represiva en el estado Lara y debe responder ante la justicia militar por la actuación de cada uno de sus funcionarios. Igualmente, denunciamos al comandante Franklin Aguilar, comandante general de la PNB, quien ordena a sus funcionarios a arremeter contra los civiles que ejercen el derecho a la protesta”.


Lamentó el asesinato de Gruseny Antonio Canelón “Tony”, quien fue mortalmente herido por funcionarios de la GN. Exhortó al fiscal superior, William Guerrero, a resolver inmediatamente en el caso.


Señaló al abogado Jorge Eliécer Rondón, presidente del Circuito Judicial en Lara, como el autor de los retrasos de las audiencias de presentación de los jóvenes detenidos.


“Rondón le ordena a los jueces municipales inhibirse para que la causa de las personas detenidas en el Destacamento 120 de la GN de Alí Primera, sea manejada por jueces estadales, quienes fijarían como centro de reclusión preventiva la cárcel de Uribana durante los 45 días que dura la investigación. Nosotros rechazamos esta línea y exhortamos a que cese el hostigamiento”.


Por su parte el profesor Nelson Fréitez, de la Cátedra de DDHH de la UCLA, recordó que el estado Lara experimenta desde 2013 oleadas represivas e impunes por parte de grupos paramilitares coordinados por efectivos militares y líderes políticos del PSUV.


“Hoy en día tenemos el saldo más grave a escala nacional. Por eso es importante que la gente sepa que el jefe de la ZODI-Lara José Rafael Torrealba, reconoció públicamente ser el coordinador de los grupos paramilitares. Lara y Venezuela vieron a través de un video cómo del antiguo CORE 4 -ahora Zonal 12- salieron 47 motorizados que estarían presuntamente involucrados en el asesinato del joven Miguel Ángel Colmenárez, quien recibió un disparo con escopeta, que le causó heridas múltiples, en la carrera 14-B con la calle 60, el mismo día que agredieron la sede del Colegio Nacional de Periodistas”.


Fréitez considera que la única posibilidad de restablecer la paz y resguardar los derechos humanos en Lara es mediante un frente compuesto por la Gobernación, alcaldías de Iribarren y Palavecino, más la sociedad civil y ONG’s, a través de la documentación y la denuncia.


“Exhortamos a la Gobernación de Lara y a la Policía de Lara a detener al líder de los grupos paramilitares. Le solicitamos al Consejo de Estado por la Paz y la Justicia identificar, mediante las labores de inteligencia, a los líderes de esos grupos irregulares. Uno de ellos es el general Torrealba”.


Destacó que las acciones de los uniformados son calificadas como terrorismo de Estado, delito de lesa humanidad que no prescribe.


El sociólogo Carlos Meléndez, en representación de la sociedad civil caroreña y el Observatorio Venezolano de Violencia, recordó que el jueves 13 de abril fueron víctimas de la represión por parte de la GN en conjunto con los grupos irregulares armados.


“El joven Ender Martínez, vendedor de conservas, perdió el ojo. Asimismo, detuvieron a 10 personas, entre ellos, cuatro menores de edad que se encuentran en el Socioeducativo de El Manzano y cuatro mayores de edad que están en la sede de la GN. 90 % de los detenidos no estaban en la manifestación, fueron capturados en la periferia de la protesta sin ningún tipo de pruebas. A cuatros de estas personas las agarraron en el terminal de pasajeros”.


Meléndez denunció la complacencia del alcalde Edgar Carrasco, del diputado Ramón Suárez, del concejal Richard Páez y del mayor Willy Carrasco, quienes según fotografías aúpan a los colectivos que amedrentan a los caroreños.


Señaló que jóvenes del movimiento de la juventud de la unidad, así como periodistas, están siendo intimidados y señalados como supuestos causantes del terrorismo que se vivió el día citado.


“No existe un detenido sin una lesión, todos han sido golpeados. La gran mayoría del grupo de detenidos, fuera de la declaración de uno solo, no estaba en la manifestación”, así lo aseguró Pedro Troconis, representante de Foro Penal en Lara.


Reiteró que todos los presentados ante los tribunales del estado Lara han recibido por lo menos un golpe y lo peor es que las lesiones no han sido tratadas por ningún médico. “De la manera más cruel los mantienen en una contaminación grave”.


Indicó que en el caso de Cabudare, municipio Palavecino, muchos de los detenidos venían de descender de las unidades del transporte público y se dirigían hacia sus residencias en vista de que el distribuidor Bellas Artes estaba trancado.


Relató que a un obrero de la construcción, de apellido Oviedo, lo        golpearon, robaron sus zapatos y fracturaron los dedos de los pies con las culatas de los fusiles, por ende, se le rompió la planta del pie, generándosele infecciones graves. Hasta el sábado 15 de abril estuvo sin recibir asistencia médica.


Añadió el abogado que a otro jovencito, por halarle el cabello, funcionarios de la Guardia Nacional le rompieron el cuero cabelludo.


Asimismo, en un conjunto residencial ubicado en la Ribereña, donde se desarrollaba un compartir infantil, la GN tumbó el portón, ingresó al urbanismo, disolvió una fiesta infantil y quemó mesas y juegos de atracción.


De esa acción hubo dos heridos, un joven recibió un tiro a quemarropa en el tobillo y el padre que salió en defensa, recibió un disparo a quemarropa que alcanzó su pecho. Ambos están hospitalizados en el Antonio María Pineda.


Apuntó Troconis que los militares implicados en estos hechos serán en algún momento juzgados por la Ley de Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos porque los delitos de lesa humanidad no prescriben.


A otros menores, dijo, el sistema judicial regional les ha solicitado 20 fiadores, lo cual es absurdo, así como pedirles antecedentes penales a los fiadores con el propósito de retardar la detención de estos jóvenes.


“Los tribunales se han extralimitado porque en lugar de otorgar lo que pide el Ministerio Público (medida cautelar) o bien lo que pide la defensa (libertad plena), les exigen fianzas, cumpliendo una supuesta línea que viene del TSJ que sabemos que no es así. Jorge Eliécer Rondón sólo está cuidando su puesto. Incluso, el fiscal en jurisdicción ordinaria, en ningún caso ha pedido medidas de fianza o privativa de libertad”.


El jurista especificó que 64 personas han sido presentadas ante los tribunales, entre adolescentes y adultos. 9 jóvenes esperan el cumplimiento de los recaudos de fianza detenidos en el comando de la PNB. 2 jóvenes esperan el cumplimiento de los recaudos de fianza en el comando 121 y hay 53 personas en un estado de suspenso producto de una táctica dilatoria del presidente del Circuito Judicial Penal Jorge Eliécer Rondón, por tanto que la juez de control municipal segundo Rosario Herrera se ha declarado incompetente para conocer de delitos menos graves y en consecuencia los envía a un tribunal de control estadal. Ante tal absurdo se produce un conflicto entre las competencias que nada menos debe resolver la Corte de Apelaciones del estado Lara. En este grupo está el periodista Yonnathan Guédez.


Troconis señaló como irregularidades a nivel procesal la declinatoria de competencias de la juez Rosario Herrera, calificando esa acción como un error inexcusable que amerita la destitución de la juez.


“Otra irregularidad es que se están rellenado las actas policiales suscritas por los funcionarios de la GN. Hay personas que fueron llevadas por la GN desde las inmediaciones del diario EL IMPULSO y las colocan como aprehendidas en la vía a Quíbor. Hay un padre, con su hija y una sobrina, detenidos saliendo del CC Sambil y aparecen como parte del procedimiento de la avenida Libertador con 33. Mentir en un acta es delito”.


En el caso de los procesados por justicia militar comenzaron a transcurrir los lapsos para ejercer recursos de apelación por la privativa de libertad decretada a seis civiles. Asimismo se planteará una excepción de falta de jurisdicción por parte del tribunal militar porque Foro Penal considera que los hechos ventilados por ese tribunal no se corresponden con sus competencias.


“Lo más asombroso es que nadie conoce al centinela ultrajado. Ni siquiera existe un reconocimiento médico de algún funcionario de la GN que exponga la lesión hacia algún funcionario del CORE 4 (Zonal 12)”.


Adelantó que se adelantan investigaciones muy serias por parte del MP, que al parecer está actuando ajustado a derecho.


Los testimonios de algunos de los familiares que estuvieron en la rueda de prensa son desgarradores.


La señora Mayra Jiménez relató que su hijo Jefferson Alejandro fue detenido el martes 11 de abril en las adyacencias del Country Club por efectivos de la GN y fue recluido en el destacamento 121. Ahora está en el comando 120 ubicado en el complejo socialista Alí Primera.


“Mi hijo está golpeado. Él es un estudiante de 5º año de bachillerato. El día de la audiencia tuvo un cólico nefrítico producto de los golpes que le dieron. Fue llevado al Hospital Central AMP junto a otro joven herido sin embargo no ha recibido asistencia médica. Tiene una infección urinaria fuerte. El médico que lo vio en la audiencia dijo que se le debían practicar unos exámenes. Todavía no ha sido tratado. Está ahora en el comando 120. Solo pido que se haga justicia porque mi hijo no es un criminal, no somos de ninguna tolda política, ni de un bando, ni de otro. Mi hijo no está pagado por ningún partido político, solo quiere un mejor país”, dijo esta madre entre lágrimas.


Carlo Cutarelli, hermano mayor de Carlo Cutarelli, dijo que su hermano fue detenido el 6 de abril por la GN.


“Mi hermano es maratonista, practica natación, no tiene antecedentes. Ese día estaba entrenando cuando fue agredido por efectivos de la GN. No quiero revivir como lo capturaron porque eso uno lo quiere borrar. Más que a las autoridades llamó a los medios de comunicación porque esta noticia no va a terminar ahora y es grave. Llamen a sus colegas para que se sumen sin miedo a apoyarnos porque mañana ustedes pudieran estar de este lado. Yo conocí a Tony. Nosotros contamos es con ustedes de lo contrario seguirán muriendo amigos y conocidos día tras día”, expresó visiblemente afectado.


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